Desde hoy 28 de agosto, las municipalidades de todo el país se encontrarán insertas en la Ley del Lobby, normativa que permitirá tener un registro público de aquellas organizaciones y personas naturales dedicadas o que quieran influir en las decisiones de los funcionarios de la administración pública. Desde 2014, se ha ido implementando un sistema centralizado de recolección de datos, que comenzó con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y ahora busca integrar a los municipios, quizás la pieza más complicada.

Pero, ¿qué implica la Ley del Lobby?

La Ley de Lobby obliga a los funcionarios públicos “sujetos pasivos” a llevar un registro de las audiencias que realicen, tanto a instituciones como a personas naturales, así como un detalle de los donativos  «regalos» que reciban, y de los viajes que realicen.

De igual forma, se creó un registro de lobistas  “personas que buscan influir en las decisiones de altos funcionarios públicos”, de manera que se transparente a la ciudadanía quienes se dedican a esta actividad, así como qué funcionarios los han recibido.

Al mismo tiempo se permite la identificación de “gestores de intereses particulares”, personas que solicitan reunirse con una autoridad para presentarle sus intereses o puntos de vista sobre un tema.

Así las cosas, desde hoy todos los municipios deberán tener en su sitio web un banner con el formulario de solicitud de audiencias, que deberá ser llenado por aquellos interesados en sostener una reunión con una autoridad, bajo la Ley del Lobby.

Esto incluye a los alcaldes, concejales, directores de obras, y secretarios municipales.